El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el 1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Colombia en julio de 1981. En ese encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de Estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el brutal asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Maria Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del entonces dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Sus cadáveres
destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular y feminista de República Dominicana, históricamente estas mujeres han imbolizado la lucha y la resistencia.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instando a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que anualmente organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra las mujeres.
Muchos años han pasado y lamentablemente no podemos afirmar que la violencia contra las mujeres haya disminuido. Pero sí se han abierto espacios para la denuncia con lo que se ha ido generando conciencia poco a poco en la ciudadanía, de que la violencia física, emocional, sexual y patrimonial, es una violación a los derechos humanos.
Derechos humanos que incluyen los derechos de las mujeres en materia económica, social, política, cultural, ambiental. La violencia contra las mujeres produce diversas formas de discriminación, que impiden o menoscaban el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Además de la violencia doméstica, es violencia carecer de empleo digno, vivir en pobreza, la desigualdad salarial, el hostigamiento sexual, la falta de acceso y el acceso insuficiente o de baja calidad a la educación, a la salud, a las telecomunicaciones, a la vivienda, al crédito para la producción, a la propiedad de la tierra, al agua potable suficiente y de calidad, la carencia de servicios para el cuido de personas menores y mayores de edad, para citar algunas.
Ciertamente los femicidios -asesinatos de mujeres por violencia doméstica- son inaceptables, y por ello cuestionamos el voto de la Sala Constitucional que anuló los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Ninguna mujer debe morir por violencia doméstica ni el Estado debe permitir la impunidad de quienes cometen esos delitos.
Pero tampoco se debe penalizar solo a los femicidas. ¿Habrá que esperar a que maten a las mujeres para sancionar a los agresores? ¿Dónde queda la prevención y la protección de las mujeres para evitar sus muertes? Por eso ese voto de la Sala es una afrenta; desprotege a las mujeres, a las familias y las expone a formas de violencia más fuertes que pueden conducir a la
muerte. El maltrato y la violencia emocional también son delitos.
No hay justificación alguna para que las mujeres, jóvenes y niñas, vivan en un ambiente familiar inseguro o dentro de relaciones de pareja caracterizadas por la violencia. Mucho menos se justifica que el Estado no tome las medidas necesarias para la prevención, sanción y erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones. Por eso, las mujeres y hombres del PAC decimos No a la Violencia contra las Mujeres.
Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el brutal asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Maria Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del entonces dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Sus cadáveres
destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular y feminista de República Dominicana, históricamente estas mujeres han imbolizado la lucha y la resistencia.El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instando a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que anualmente organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra las mujeres.
Muchos años han pasado y lamentablemente no podemos afirmar que la violencia contra las mujeres haya disminuido. Pero sí se han abierto espacios para la denuncia con lo que se ha ido generando conciencia poco a poco en la ciudadanía, de que la violencia física, emocional, sexual y patrimonial, es una violación a los derechos humanos.
Derechos humanos que incluyen los derechos de las mujeres en materia económica, social, política, cultural, ambiental. La violencia contra las mujeres produce diversas formas de discriminación, que impiden o menoscaban el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Además de la violencia doméstica, es violencia carecer de empleo digno, vivir en pobreza, la desigualdad salarial, el hostigamiento sexual, la falta de acceso y el acceso insuficiente o de baja calidad a la educación, a la salud, a las telecomunicaciones, a la vivienda, al crédito para la producción, a la propiedad de la tierra, al agua potable suficiente y de calidad, la carencia de servicios para el cuido de personas menores y mayores de edad, para citar algunas.
Ciertamente los femicidios -asesinatos de mujeres por violencia doméstica- son inaceptables, y por ello cuestionamos el voto de la Sala Constitucional que anuló los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Ninguna mujer debe morir por violencia doméstica ni el Estado debe permitir la impunidad de quienes cometen esos delitos.
Pero tampoco se debe penalizar solo a los femicidas. ¿Habrá que esperar a que maten a las mujeres para sancionar a los agresores? ¿Dónde queda la prevención y la protección de las mujeres para evitar sus muertes? Por eso ese voto de la Sala es una afrenta; desprotege a las mujeres, a las familias y las expone a formas de violencia más fuertes que pueden conducir a la
muerte. El maltrato y la violencia emocional también son delitos.
No hay justificación alguna para que las mujeres, jóvenes y niñas, vivan en un ambiente familiar inseguro o dentro de relaciones de pareja caracterizadas por la violencia. Mucho menos se justifica que el Estado no tome las medidas necesarias para la prevención, sanción y erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones. Por eso, las mujeres y hombres del PAC decimos No a la Violencia contra las Mujeres.
Fuente: Comisión Nacional de Mujeres PAC
